Los representantes de los Pueblos Indígenas reunidos en la Audiencia Pública “El Impacto de la Corrupción en los Derechos de los Pueblos Indígenas”, organizada por la Congresista Tania Pariona Tarqui (Nuevo Perú), con motivo de la VIII Cumbre de las Américas, emitieron una Declaración Política para exigir a los mandatarios asistentes a la Cumbre medidas para prevenir, enfrentar, investigar y sancionar todo acto de corrupción que los afecta. De igual manera, contempla propuestas dirigidas al Congreso de la República.

Entre las demandas figura la necesidad de cerrar la brecha existente y otorgar la seguridad jurídica a los Pueblos Indígenas para que puedan decidir con conocimiento e igualdad de condiciones, el destino sobre el uso de sus territorios y recursos naturales; reconocer su existencia como Pueblos y Naciones así como sus derechos colectivos sobre su territorio, cultura y forma de vida.

Además, señalan que el desequilibrio producido entre las facilidades a la inversión y la deuda en el reconocimiento a los Pueblos, se convierte en un factor crucial que ha facilitado la ocurrencia de evidentes casos de corrupción en perjuicio de los Pueblos Originarios del Perú.

Asimismo, demandaron que la no consulta intencional, actos de compra fraudulenta, permisividad para la deforestación de bosques primarios y concentración abusiva de tierras, superposición de derechos, uso de testaferros, festinación de trámites tanto internos de las comunidades como los generales propios del Estado, flexibilización de mecanismos de fiscalización y/o protección, amenazas directas o indirectas contra la vida e integridad de sus líderes y lideresas, falta o mal uso de la información y transparencia, ofrecimientos indebidos, confirma la existencia de irregularidades que permiten sospechar la posibilidad que pudieran ser tipificadas como actos de corrupción. Por lo que exigieron inmediata investigación sobre estos hechos y vinculaciones ilícitas.

En el evento también demandan al gobierno peruano suspender el diseño, discusión y promoción de Proyectos de Inversión destinados a la construcción de carreteras en la Amazonía, obras de infraestructura, o el libre otorgamiento de títulos habilitantes o uso de recursos hídricos en las cabeceras de cuenca, cuando contravengan normas de protección de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, y de manera especial, a los Pueblos en Situación de Aislamiento, por su alto grado de vulnerabilidad.

De igual manera, demandan el establecimiento inmediato de todos los mecanismos necesarios de supervisión, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, en relación a los proyectos de inversión que se ejecuten sobre los territorios indígenas, tanto los que provienen de instrumentos multilaterales (IIRSA), como los domésticos.

El Audiencia Pública contó con la participación de más de 120 líderes indígenas y representantes del Ministerio de Cultura, Contraloría General de la República, Ministerio de Agricultura, del Consejo Consultivo de Justicia Intercultural del Poder Judicial y la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú).

El evento fue convocado por la congresista Tania Pariona, y co-organizado con Pacto de Unidad (Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC).), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS); y colaboran: la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, SERVINDI, entre otros.